Cancelación de antecedentes penales y policiales: cómo librarse de la carga del pasado

La anulación de una condena penal es la última fase de la actuación del abogado en un caso en el que desgraciadamente se ha producido una condena porque, además de la propia condena, implica una carga que el condenado debe seguir soportando durante cierto tiempo después de cumplir su pena. Estos plazos dependen de la gravedad de la pena impuesta y se rigen por el artículo 136 del Código Penal:

  • (a)Seis meses por multas menores.
  • (b)Dos años de prisión que no excedan de 12 meses y una condena por homicidio imprudente.
  • (c)Tres años para delitos menores de tres años.
  • (d)Cinco años para otras penas menores de tres años o más.

Dichos plazos se contarán a partir de la fecha en que la propuesta en cuestión haya sido reembolsada en su totalidad. En caso de suspensión condicional de la pena, el legislador prevé que estos plazos se cuenten a partir de la fecha en que estas condiciones de libertad condicional hubieran sido revocadas si hubieran tenido que ser cumplidas (aquí el legislador hace una especie de ficción jurídica), tomándose como punto de partida para el cálculo de este plazo el día siguiente a la decisión de suspensión condicional.

La supresión de los antecedentes penales requiere un certificado del secretario judicial en el que se acredite la cancelación de las penas, la extinción de la responsabilidad civil (salvo en el caso de una insolvencia decretada por el tribunal) y el transcurso de los plazos previstos por la ley para dicha supresión.

Al recibir este certificado de revocación, deberá solicitarlo personalmente o a través de su representante legal al Registro Central de Condenados e Insumisos del Ministerio de Justicia. Esta solicitud puede hacerse en persona, por correo o por Internet.

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